“Estatizar será mas caro y terminará ofreciendo un servicio ineficiente y de baja calidad, creando además un caldo de cultivo para la corrupción”. Esa es la advertencia que efectuaron los economistas Clemente Babot y Nahuel Ríos en el último reporte elaborado por la Fundación Federalismo y Libertad.
Como los muestran otros servicios estatizados, los usuarios pagarán los mismo que con las empresas privadas, pero el déficit de las empresas deberá ser cubierto por más impuestos, subrayan los autores de trabajo. El Estado empresario es un fracaso dicho por el propio Banco Mundial. El informe puso el foco en el debate que se está observando respecto de la prestación de los servicios del transporte urbano de pasajeros y también el suburbano, a raíz de la mala calidad del servicio prestado y del elevado costo de la tarifa. El último aumento fue autorizado a mediados del mes pasado, de un 50%, que llevó a $ 45 el precio del boleto urbano y la progresiva suba del resto de los servicios.
Los economistas recordaron la existencia del Urban Mobility Readiness Index que en 2020 comparó los servicios de transporte públicos de mundo, en el que se observan la infraestructura, el impacto social, qué tan eficiente e innovador son esos servicios. En este ranking mundial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa el puesto 33, con lo cual se podrían observar algunas políticas llevadas en la ciudad que se puedan aplicar en Tucumán, como ser el caso del metro bus que, trasladado ese sistema a Tucumán, implicaría la creación de corredores sólo para los colectivos. “La realidad es que no se llevó adelante ningún tipo de política transformadora en la provincia; toda la discusión se centra en los fondos que faltan y el precio del viaje. Además, no se pone en el eje de discusión la eficiencia, el tiempo, la seguridad”, puntualizan los expertos.
Por esa razón, consideran que el plan de estatizar por estatizar no da ningún indicativo de que se llevarán a cabo políticas para mejorar el servicio. “Esto solo nos puede llevar a la conclusión de que existen otros incentivos por detrás para la intervención del Estado en lugares donde no debe”, expresan.
Mejorar los marcos regulatorios, reforzar los cuadros técnicos y transparentar mostrando públicamente indicadores de gestión de cada empresa de transporte parece ser la solución más adecuada, detallan.
El deber ser
Una empresa para perdurar en el tiempo debe ser económica y financieramente sustentable, enuncian Babot y Ríos. “Debe generar ingresos que le permitan cubrir sus costos y obtener un beneficio que motive al empresario a continuar en la actividad”, agregan.
En las empresas de servicios públicos la lógica es idéntica. La diferencia esta en que, tanto al precio de venta, como a las condiciones del servicio, las fija un organismo regulador, afirman los economistas. Estas condiciones de operación deben estructurar una ecuación económica y financieramente sostenible. En muchos casos, los costos pueden ser cubiertos parcialmente con subsidios para lograr cubrir esta ecuación.
Teniendo en cuenta que el servicio de transporte urbano requiere de inversiones de mediano y largo plazo, se necesita previsibilidad de parte del regulador para incentivar al empresario a invertir. “Esto implica un marco regulatorio claro, transparente y estable”, puntualiza el informe de la Fundación Federalismo y Libertad al que accedió LA GACETA.
Para cumplir con esto la municipalidad que está encargada del transporte urbano debe contar con un marco regulatorio adecuado y con algo fundamental: equipos técnicos calificados para controlar a los prestadores del servicio, advierten. En esa orientación, consideran que es fundamental que se publiquen constantemente estadísticas de puntualidad, tiempo de recorrido, estado de las unidades, costos de operación por kilómetro recorrido, pasajeros transportados y otros indicadores por cada corredor, con el objetivo de mostrar públicamente la gestión del servicio. El objetivo de todo este esquema apunta a brindar al usuario un servicio de calidad. Por lo tanto, el regulador debe velar por que se cumplan los requisitos exigidos al prestador del servicio, señalan sobre la tarea que deben seguir tanto el concesionario como el concedente del servicio.
Los costos de prestar el servicio pueden ser determinados por cuadros técnicos del mismo gobierno municipal, provincial e incluso con las universidades, dicen Babot y Ríos. En base a estos cálculos establecer el boleto adecuado para la prestación del servicio en base a la calidad requerida. Todo esto sin la intervención del oportunismo político, dinalizan.